Las primeras medidas del presidente Alberto Fernández, a poco de asumir, dan cuenta de que el denominado Plan Argentina contra el Hambre, enlaza la agricultura familiar y el cooperativismo, una forma de gestión propia de la economía social o popular. Ambas son consideradas herramientas para resolver el problema de la falta de empleo y las dificultades de acceso a los alimentos que hoy sufren amplios sectores de nuestra sociedad. Haciendo un balance de lo abordado a lo largo de este ciclo, estas fueron ideas que desarrollamos en cada uno de los programas emitidos enhebrándolas en torno a tres ejes: la soberanía alimentaria, la economía social y solidaria y la agroecología.
Dentro del Plan Argentina sin Hambre, la creación de la tarjeta alimentaria es una de las acciones urgentes dentro de una propuesta integral. Llegará a dos millones de madres con hijos menores de seis años a cargo, o embarazadas. Se trata de un modo ágil para asignar dinero a los hogares que más lo necesitan en una crisis. Lo distintivo de la tarjeta Alimentaria, es que tendrá un posnet para que las personas que accedan a ella puedan comprar productos de cooperativas de trabajo y Pymes. Ahí estará el impulso para la creación de empleo dentro de la economía popular, permitiéndole ampliar sus posibilidades de comercialización y consecuentemente, su desarrollo. Otro factor fundamental dentro del mismo esquema es el compre estatal, para proveer instituciones como comedores populares. También serán creados mercados locales y ferias itinerantes para acercar a los barrios productos de la canasta alimentaria, con calidad nutricional y buenos precios.
De este modo, el Consejo Federal Argentina contra el Hambre, que preside Victoria Tolosa Paz, no sólo buscará paliar la situación emergente, sino también jerarquizar los trabajos a través de formas cooperativas, empresas recuperadas, federaciones de agricultura familiar y comercializadoras alternativas. Todas ellas son ejemplos de trabajos autogenerados y sostenidos para sobrevivir por quienes han sido excluidos del sistema, pero que tienen incidencia económica que debe ser reconocida y así generar un espacio que permita estructurar actores con lógicas diferentes a las que hoy dominan el mercado.
Para profundizar este tema, nos resulta interesante rescatar una entrevista que realizara la agencia de noticias solidarias ANSOL, con Enrique Martínez, titular del Instituto para la Producción Popular, y expresidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Después de trabajar casi 40 años en el Estado, promovió esta organización civil y junto a un equipo multidisciplinaria. Uno de sus objetivos, es la generación de posibilidades de trabajo independiente para todo aquel que tenga una idea productiva en el país. Escuchamos como enlaza en forma sistémica la soberanía alimentaria, la economía social y/o popular y la agricultura familiar.
La propuesta del Ingeniero Martínez a través del IPP es trabajar contra el hambre a escala local y realizar lo que él denomina cinturones de producción alimentaria. Escuchamos su explicación de esta idea.
Ley de Góndolas, que en el pasado mes de noviembre, tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, se planteó como una medida para fomentar la competencia de marcas, aumentar la participación de pymes y de la economía popular y bajar precios a los consumidores. Una de las medidas de esta legislación, implica que una misma marca no podrá superar el 30 por ciento del espacio disponible en la góndola que comparte con productos de similares características. La oferta que se encuentre en los exhibidores deberá involucrar un mínimo de cinco proveedores o grupos empresarios. Los establecimientos deberán garantizar un 25 por ciento de la góndola para la exhibición de productos de micro y pequeñas empresas nacionales y un 5 por ciento adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina e indígena y los sectores de la economía popular. A su vez, en las islas de exhibición contiguas a las cajas se debe reservar un 50 por ciento del espacio para productos elaborados por pymes. Sin embargo, Martínez, fue crítico con respecto a esta norma y defiende otros canales de comercialización como las ferias populares.